Complicaciones en la gestión gubernamental: Prórroga presupuestaria en el horizonte

HOSTELVENDING.COM 25/08/2023.- En un escenario político marcado por la incertidumbre, los ojos de la nación se posan en dos figuras clave: Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez; ambos se encuentran ante un desafío colosal: la gestión de los Presupuestos Generales del Estado en un período crucial. Sin embargo, todo parece indicar que cumplir con los plazos establecidos para presentar nuevos presupuestos en diciembre resultará una tarea más que titánica.

La sombra de la prórroga se cierra nuevamente sobre el panorama político, como una nube de incertidumbre que amenaza con desvanecer las expectativas de una planificación financiera fluida. En este contexto, se estima con alta probabilidad que las cuentas correspondientes al año 2023 deberán ser prorrogadas por otro ciclo más, lo que marcaría la novena ocasión en la historia democrática en la que tal decisión se toma.

Los Presupuestos Generales del Estado constituyen la columna vertebral de la política económica del país, siendo la base sobre la cual se sostienen aspectos críticos como inversiones, fiscalidad, pensiones, sanidad y prestaciones de desempleo. En efecto, este paquete de gastos se erige como la brújula que orienta la dirección financiera y social del Estado.

Pero, ¿qué conlleva realmente esta prórroga? Los analistas y expertos en la materia coinciden en que los decretos que la acompañan aseguran la continuidad de la mayoría de estos gastos esenciales. No obstante, si no se presentan nuevos presupuestos antes de que finalice el año, las medidas cruciales contra la inflación quedarían en suspenso. Ejemplos notables son la tan esperada rebaja del IVA en ciertos alimentos, así como los subsidios relacionados con la electricidad y el gas.

Esta incertidumbre presupuestaria no solo reverbera en el ámbito político y financiero, sino que también podría extender sus ramificaciones a sectores como la distribución automática. Las decisiones gubernamentales respecto a los presupuestos tienen un impacto directo en la economía nacional y, por extensión, en la demanda y el consumo.

Los empresarios que operan en este sector enfrentan una incertidumbre palpable en un momento en que la planificación y la estabilidad económica son esenciales para su supervivencia.

El comercio minorista, una columna vertebral de la economía y un pilar de empleo en España, opera en un ambiente donde la confianza y la estabilidad económica son fundamentales. La postergación de la presentación de nuevos Presupuestos Generales del Estado añade una capa adicional de incertidumbre en un entorno ya marcado por desafíos comerciales y económicos.

Uno de los impactos más notables de esta incertidumbre radica en la fluctuación de la demanda del consumidor. Los empresarios del comercio minorista dependen en gran medida de la confianza del consumidor y de la capacidad de éste para realizar compras de manera consistente. Cuando los presupuestos no están claros y clave como la rebaja del IVA en alimentos o la estabilización de los costos energéticos están en espera, la disposición de los consumidores a gastar puede verse afectada. Esto podría traducirse en una disminución de las ventas y, en última instancia, en un impacto financiero negativo para los negocios.

Además, la incertidumbre presupuestaria también puede influir en las decisiones de inversión de los empresarios. La planificación de inversiones a largo plazo, como la expansión de negocios o la adquisición de nuevos activos, se vuelve más complicada cuando no hay claridad sobre el panorama económico y fiscal. Los empresarios podrían optar por adoptar un enfoque más cauteloso, retrasando decisiones importantes hasta que exista una mayor certeza sobre las políticas gubernamentales.

Un panorama incierto que también tendría su efecto en otras cuestiones como la gestión del inventario y la cadena de suministro. Los cambios en la demanda del consumidor y las fluctuaciones en los precios pueden tener un impacto directo en la planificación de inventario, lo que podría llevar a problemas de exceso de existencias o escasez de productos. Esto, a su vez, puede afectar la eficiencia operativa y los márgenes de beneficio de las empresas.

Fondos europeos y las nuevas reglas fiscales

El impacto de la prórroga presupuestaria no solo se limita a las esferas nacionales, sino que también se entrelaza con las nuevas reglas fiscales europeas, en un escenario donde la economía y la estabilidad financiera se vuelven un rompecabezas complejo. Las reglas fiscales, que se esperan sean definidas y aprobadas antes del cierre de la presidencia española en Europa, traen consigo una serie de desafíos.

Las nuevas reglas fiscales establecen metas ambiciosas que apuntan a la estabilización económica y la reducción del déficit público y la deuda. El objetivo de reducir el déficit al 3% del PIB y la relación deuda/PIB al 70% son hitos significativos, aunque su cumplimiento se ve más como un objetivo a largo plazo debido a la actual relación deuda/PIB en España, que se sitúa en un preocupante 113%.

Mientras se navega por estas aguas turbulentas, los efectos de los fondos europeos se mantienen en el horizonte, extendiéndose hasta 2026. Aunque se espera que estos fondos tengan un impacto positivo en la economía, es importante reconocer que su implementación y efectos no son inmediatos. La flexibilidad en las reglas fiscales puede proporcionar cierto alivio a la economía española, ya que no todas las medidas serán de obligado cumplimiento, lo que brinda espacio para adaptarse a las circunstancias específicas del país.

La prórroga presupuestaria, en un escenario de urgencia y complejidad, no será la única alternativa para un nuevo Gobierno. Se presenta la posibilidad de agotar el ejercicio con las cuentas prorrogadas del año anterior o elaborar unas nuevas cuentas con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Esta última opción, aunque ambiciosa, podría reflejar las nuevas medidas económicas, pero su implementación también depende de una serie de factores y decisiones políticas.

La repetición de las cuentas de 2023 en 2024 no debería impactar significativamente en los compromisos de gasto del Gobierno. La revalorización de las pensiones y el incremento de los salarios públicos se mantendrán, mientras que algunas medidas para enfrentar la inflación, como la rebaja del IVA en alimentos, electricidad y gas, quedarían sin vigor a partir del 1 de enero.

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