“El impuesto al azúcar es una medida disuasoria para fomentar la producción de bebidas más sanas”

HOSTELVENDING.com 08/08/2017.- Tres meses han pasado ya desde que la Generalitat de Cataluña introdujese por primera vez en España un impuesto cuya finalidad es gravar las bebidas azucaradas. Desde entonces, la polémica está abierta y el debate adopta dos polos opuestos entre los que sostienen que es una medida perfectamente válida para combatir la obesidad, y quienes, por el contrario, alegan el grave perjuicio que supone este impuesto para la economía y la industria alimentaria en general.

Este es el caso de las organizaciones de la cadena de valor agroalimentaria, hostelería y restauración, cuyo descontento llevó incluso al punto de solicitar al Presidente del Gobierno que pidiese un recurso de inconstitucionalidad en referencia a dicho impuesto. Y es que, más allá del tema fiscal, los datos estimados por las industrias citadas parecen apuntar hacia un menor margen de beneficios y pérdidas generalizadas para los sectores colindantes a la industria azucarera.

Esta última circunstancia se debería no solo a una bajada del consumo de las bebidas azucardas, sino más bien por la decisión de muchas empresas de reducir su margen de beneficios en lugar de repercutir el impuesto al consumidor final. Así, dentro de este segmento se encontrarían muchos operadores de vending, que dada la complicación de redondear los precios en las máquinas expendedoras, asumirían directamente la carga impositiva.

Sin embargo, las voces de protesta no solo han llegado desde el sector empresarial, sino también por parte de los consumidores. Incluso antes de que entrase en vigor la medida, la OCU manifestaba sus dudas sobre la efectividad de dicho impuesto: “Un par de céntimos no parece suficiente para cambiar los hábitos dietéticos d los consumidores, aunque sí tendrá importantes efectos impositivos en las arcas públicas”, manifestaron a través de un comunicado.

Qué hay de realidad en estos argumentos es una cuestión aún por resolver, pues con un bagaje de tan solo tres meses es imposible aún hacer balance de la situación.  Lo que sí es un hecho es que el impuesto fue creado siguiendo las recomendaciones de la OMS y que instaban a los gobiernos a grabar este tipo de productos con el objetivo de incentivar un cambio en los hábitos de consumo hacia una reducción del azúcar.

El informe de la OMS “Fiscal policies for Diet and Prevention of Noncommunicable Diseases”,  elaborado tras la reunión de expertos mundiales a mediados del 2015, recomendaba aplicar políticas fiscales que conduzcan a un aumento de al menos el 20% del precio de venta al público de las bebidas azucaradas.

El impuesto catalán prevé dos tramos en relación a la cantidad de azúcar. Las bebidas que contengan entre 5 y 8 gramos por litro, deberán aumentar su precio 0,08 euros/litro. Y las que superen los 8 gramos, sumarán 0,12 euros por cada litro.

Así, la iniciativa surgió de la preocupación general por el aumento de la obesidad, especialmente la infantil, y de determinados tipos de diabetes. En consecuencia,  el tributo planteó gravar las bebidas azucaradas que pudiesen ser identificadas como un origen de estas enfermedades: refrecos, sodas, zumos, bebidas deportivas, té y café con edulcorantes calóricos añadidos, entre otros, se pusieron en el ojo de mira de la Generalitat.

Desde el Departamento de Economía de la Generalitat explican que “se trata de una medida disuasoria más que recaudatoria que pretende fomentar la producción y el consumo de bebidas más sanas”, de hecho, aunque es muy pronto para emitir un juicio,  ya hay alguna marca de bebidas que anunciado su retirada progresiva del azúcar -aunque aún habría que determinar si esto se debe al impuesto, o a los nuevos hábitos de consumo de la población.

Igualmente, cabe destacar que tampoco es la única iniciativa del Gobierno catalán en este ámbito, ya que se trata de una medida complementaria al resto que se realizan en la línea de promoción de alimentación saludable y actividad física.   En datos globales, de la recaudación estimada de 40 millones de euros (cifra que debería ir disminuyendo progresivamente según la industria retire los productos azucarados), el 35% se destinará a la promoción y prevención de la salud.

Por otro lado, este impuesto ya se ha extendido en otros países con una popularidad creciente: Francia, México o Reino Unido son algunos de los estados que han decidido apostar por este tributo; mientras que también ciudades de Estados Unidos como San Francisco, Oakland, Filadelfia o Berkeley han considerado también su adaptación.

En respuesta al sector agroalimentario, el Departamento de Economía de la Generalitat no ha dudado en reconocer que tenían su parte de razón: “Pero el gobierno reaccionó con rapidez y, el propio ministro Montoro les comunicó que no llevaría el impuesto al Constitucional porque ya existe en otros países y, además, se trata de una recomendación de la OMS”, un hecho que cobra aún más sentido teniendo en cuenta que el propio Gobierno de España planteó un impuesto al azúcar que actualmente está en stand by.

Lo que no han podido negar desde la Generalitat es la caída que supondrá en determinados frentes de la industria alimentaria de España, aunque también es conveniente recordar que esto forma parte del proceso de readaptación de la industria para obtener productos con menos azúcar.

¿Se extenderá a otros productos?

Cataluña creó este impuesto después de constatar la experiencia positiva de muchos otros países que ya hace tiempo que lo aplican. Pero el Govern no descarta impulsar una tasa que penalice también el consumo excesivo de grasas, especialmente las saturadas y las trans, aunque no se trata de algo ni inminente ni que se contemple a corto plazo.

“Aunque la OMS lo recomiende abiertamente, no existe suficiente experiencia ni conocimiento a nivel internacional respecto al efecto que podría tener una medida fiscal sobre el consumo de estos productos. De hecho, en Europa, el único país que se atrevió a implantar un tributo sobre las grasas fue Dinamarca, pero lo tuvo que retirar al cabo de un año de su implantación. Si dentro de unos años observamos experiencias internacionales que funcionan, también lo aplicaremos en nuestro país. Si, por el contrario, vemos que otros países lo aplican y sólo sirve para recaudar y no para crear hábitos saludables entre los contribuyentes, no lo implementaremos”, adivierten desde la Generalitat.

El impuesto sobre bebidas azucaradas entra en vigor en Catalunya

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