Las rígidas normativas del estado de Pensilvania respecto al consumo de bebidas "espirituosas" ha ayudado, en cierto modo, a que los focos de atención se centren sobre las primeras máquinas de vending que ya están funcionando. Vea el VIDEO en el interior.
AENA ha abierto la "veda" de las áreas de vending en los aeropuertos españoles. La entidad que gestiona los servicios de los aeródromos del país ha anunciado oficialmente la apertura de nada menos que 8 procesos de licitación para la explotación de máquinas expendedoras y, en muchos casos, la actividad de restauración y multitienda. El número de máquinas expendedoras de bebidas y alimentos a instalar queda supeditada a la Dirección del Aeropuerto, excepto en los concursos de Málaga (63 máquinas), Fuerteventura (25 máquinas) y Algeciras (3 máquinas).
El Diario Oficial de Galicia publica la concesión, mediante licitación abierta, de la instalación y explotación de 10 máquinas expendedoras en varios centros públicos de A Coruña. El concurso está abierto también a empresas extranjeras, comunitarias o no, con sucursal en España. Por otro lado, se han adjudicado dos de los tres lotes de otro concurso de la Xunta; la concesión del Lote 2 se ha declarado desierta.
El Parlament de la Generalitat de Catalunya ha confirmado las expectativas en torno a la Ley del Nuevo Código de Consumo. El texto definitivo exime, tanto a las máquinas expendedoras de alimentos como a las máquinas recreativas y de juegos de azar, de proporcionar al usuario un comprobante o ticket de compra en cada consumición. Por otro lado, la asociación catalana de vending ha llegado a un acuerdo de colaboración con la feria Hostelco (del 5 al 9 de noviembre), para la organización del nuevo espacio Intervending.
El anuncio de nuevos centros y edificios públicos – bien como proyectos, en obras o recién inaugurados – abre el abanico de posibilidades para que se licite el servicio de máquinas expendedoras. De entre los proyectos más interesantes de última hornada, por su magnitud destacan el nuevo Hospital de Cuenca y el centro cultural Mamariga de Santurce.
El alcance mediático de la reunión entre Gobierno y responsables de las CC.AA. para debatir la Ley de Seguridad Alimentaria está siendo notable. A pesar de que muchos se han apresurado en declarar – no sin cierto grado de satisfacción – que hay ciertos tipos de productos sentenciados a desaparecer de las expendedoras de los colegios, conviene no perder de vista que la potestad en este asunto, como la misma ministra de Sanidad ha dejado claro, pertenece a los gobiernos autonómicos. Tampoco hay que perderse las iniciativas que se producen en Estados Unidos, otro país donde se están implantando medidas similares.
La empresa madrileña MPC, con el asesoramiento y apoyo de La Salle Parque de Innovación, ha puesto en marcha un proyecto de "reverse-vending" denominado “Objetivo 3R+”. Consiste en un módulo que identifica, procesa y almacena de forma automática, latas de aluminio, botellas de PET y briks de envases de bebidas, simplificando y mejorando el proceso de separación en origen de residuos para su posterior reciclaje.
El vending de periódicos en Estados Unidos ha dado un paso más hacia la modernización. La iniciativa del prestigioso Wall Street Journal de instalar medios de pago por tarjeta en las 190 expendedoras que tiene repartidas por Nueva York parecen haber dado sus frutos.
Ayer publicábamos el anuncio de un concurso público internacional para la instalación de máquinas de vending en escuelas de Lisboa, en la delegación norte. El boletín oficial de la República de Portugal publica ahora dos nuevas licitaciones que complementan este concurso.
Ayer, día 21 de julio, durante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el Ministerio de Sanidad y los representantes de las diferentes comunidades autónomas consensuaron las medidas enmarcadas dentro del proyecto de la Ley de Seguridad Alimentaria. Tras la reunión, la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, declaró que los criterios acordados con los consejeros autonómicos "no son una prohibición", sino que servirán como líneas orientativas a la posterior aplicación que cada comunidad realizará de la ley. No obstante, Jiménez también se aventuró a declarar que "no será necesario desarrollar ninguna norma, ya que todas las comunidades cumplirán con lo acordado".
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