Todos los vértices de un ERE, una medida de reorganización empresarial

HOSTELVENDING.com | 01/03/11.- Los Expedientes de Regulación de Empleo (EREs) se han hecho habituales en los últimos años en el mercado laboral español por la situación de crisis económica. En 2009, nada menos que 17.558 trámites se llevaron a efecto, dejando sin puestos de trabajo a casi medio millón de personas (487.100). En 2010, las cifras fueron más suaves pero igualmente preocupantes, con 15.131 expedientes y 250.913 trabajadores que se vieron afectados por estos procedimientos. Una situación a la que las empresas se acogen cuando las previsiones económicas y de empleo no se cumplen, o la carga de trabajo disminuye o cesa. Una coyuntura que, por un lado, produce desazón entre los trabajadores por quedarse fuera de la actividad laboral; y que, por otro, evita situaciones más complicadas en el futuro y supone un reajuste, muchas veces necesario, para seguir o volver con la dinámica de rentabilidad de la empresa. Para que un ERE sea tal tienen que verse afectados, al menos, un 10% de los trabajadores en plantilla, siempre que la empresa tenga más de cinco miembros reconocidos.

El encargado de solicitar ante la Administración este trámite es el empresario, como aquel interesado en reordenar la organización y estructura de la empresa para volver a la senda de la viabilidad. Aunque es muy poco usual, y previsto para evitar situaciones todavía más dolosas en el seno de la compañía, también existe la fórmula de solicitud por parte de los trabajadores y sus representantes. Las causas para que el acto administrativo sea admitido para su análisis tienen que estar enmarcadas en aquellas que sean económicas, técnicas, organizativas o productivas. A partir de ahí, la comunidad autónoma (que tienen transferidas las competencias de empleo) abren un periodo previo de consultas, para analizar la situación en profundidad, e iniciar un periplo de negociaciones que se puede extender de 15 a 30 días. Si no hay acuerdo, la Administración dictará una resolución, que será recurrible por ambas partes.

En caso de que el ERE continúe adelante, se fijará la indemnización correspondiente a los despedidos, que estará exenta de fiscalidad; y en caso de imposibilidad de pago por parte de la empresa, se garantizará a través del FOGASA (Fondo de Garantía Salarial).

Medidas de saneamiento

La industria del vending, por desgracia, también ha sufrido esta lacra de pérdidas y ha habido casos de despidos. Bianchi, en su planta italiana de Pescara (Italia), y Azkoyen en Navarra, se han visto obligados a reorganizar la empresa para evitar situaciones más extremas. La intención de las cúpulas directivas ha sido siempre la de continuar con la actividad, para seguir siendo yacimiento de empleo en sus respectivas zonas y parte del motor económico del sector. Para ello, se han llevado a cabo procesos de saneamiento que han tenido como consecuencia expedientes de regulación, que han servido para que las demás empresas del grupo no se vieran afectadas, contando incluso con beneficios, evitar el cese de actividad, cuadrar las cuentas internas y cumplir con los acreedores.

Estas dramáticas pero necesarias decisiones demuestran el compromiso empresarial de buscar soluciones antes de tomar el camino del cierre; y su apuesta por la zona de asentamiento y por los trabajadores, tratando de encontrar opciones para una futura recontratación. Estas premisas son fundamentales para cumplir con la responsabilidad que tienen los empresarios en los diversos ámbitos en los que actúan y en la economía de un país en general.