El impuesto al azúcar vuelve a la agenda del Gobierno

Los impuestos al azúcar: del impacto inicial en el vending a la estabilidad

HOSTELVENDING.com 12/11/2018.- La presión de los organismos internacionales y las asociaciones profesionales relacionadas con la salud y la posibilidad de abrir una nueva vía de ingresos para las arcas del Estado colocan el impuesto al azúcar de nuevo en el candelero.

Tras haber estado en los proyectos de presupuestos del anterior Gobierno, el Ministerio de Sanidad retoma de nuevo la idea con la vista puesta en su posible inclusión en las próximas cuentas estatales.

Aún no ha llegado a plasmarse en una propuesta definida, pero los ejemplos de otros países y la experiencia que ya tienen regiones como Cataluña hacen más probable su rápida integración si fuera necesario de aquí a finales de año.

La posibilidad de incluir un impuesto a los alimentos y bebidas con altos contenidos en azúcares está en el horizonte y sin ir más lejos salvo a relucir en la Comisión Delegada que se celebró en el Ministerio de Sanidad el pasado miércoles 7 de noviembre.

El jueves de esta semana podría tratarse más abiertamente cuando se celebre el Consejo Interterritorial, una reunión a la que asisten todas las comunidades autónomas y en las que se avanzan los principales puntos a tratar dentro del ámbito sanitario y de la salud.

Entre la lista de asuntos incluidos que se anunció en el orden del día, el Gobierno quiere asociar la media al impulso de la Estrategia NAOS, algo estancada en los últimos tiempos, al margen del Plan de colaboración para la mejora de la composición de alimentos y bebidas (2017-2020).

Desde el Ministerio de Sanidad se estima que no es suficiente el compromiso adquirido por las empresas y hay que hacer más desde la administración. Aunque no está claro aún que este tipo de tasas tenga el impacto perseguido a medio y largo plazo (reducción del consumo de azúcar, no afán recaudatorio), es una alternativa que dietistas y personal sanitario ven con buenos ojos, al menos al presentarse como una medida disuasoria.

Y así porque en 2016 la Organización Mundial de la Salud decía textualmente: “Existe evidencia razonable y creciente de que impuestos bien diseñados sobre las bebidas azucaradas resultarán en reducciones proporcionales en el consumo de estos productos, especialmente si están diseñados para aumentar los precios finales en un 20% o más”.

La subida no es pequeña. Por ejemplo, en el caso de Cataluña, el incremento aplicado desde mayo de 2017 es de un 10% en las latas de refrescos y un 20% en las botellas de dos litros. Parte de los resultados los conocimos este verano: la frecuencia de consumidores habituales de refrescos azucarados ha caído un 25%.

Son datos extraídos de la investigación realizada por expertos de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III (ENS-ISCIII) en colaboración con la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que además constataba que el 83% de los encuestados en Barcelona conocían la existencia del impuesto y el 38% de los mismos declararon que habían modificado sus hábitos de consumo de las bebidas azucaradas, principalmente (tres de cada cuatro) reduciendo su consumo y en mucha menor cuantía mediante sustitución por bebidas no gravadas o bebidas de marca blanca.

En un año ha sido efectivo y da pie a que otras regiones se lo planteen, más aún si se incentiva desde el Ministerio de Sanidad. Una consecuencia previsible sería que finalmente se adoptase de manera estatal.